Conflictos Regionales entre
los años 1969 – 1973
El movimiento
conocido como Cipolletazo se originó a raíz del pedido de renuncia que el
interventor en Río Negro del gobierno militar, Figueroa Bunge -vocero del
Presidente Alejandro Lanusse-, le hiciera
al intendente de Cipolletti, Julio Salto, en agosto de 1969. Salto había
sido intendente en 1963 por una alianza
entre la UCR y la UCRP , siendo confirmado después del golpe que derrocó al Presidente Illia debido a su prestigio social en la comunidad
cipoleña por su labor como médico. La
orientación nacionalista del intendente
disgustaba al Presidente Lanusse,
quien presionó para lograr su dimisión. Salto no renunció y esto, sumado a la decisión del gobierno
provincial de construir una ruta que
uniría Roca con El Chocón y Bariloche, sin tener en cuenta a Cipolletti,
provocó una manifestación popular en la localidad que llevó al gobierno
provincial a intervenir la comuna y
obligar al intendente a renunciar. En la localidad se realizaron asambleas, se cerraron comercios y se
organizaron movilizaciones. Un grupo ingresó al Municipio y arrojó a dos
miembros enviados por el interventor al
jardín del edificio por una ventana,
siendo reprimidos por la policía con intervención de la
VI Brigada
En
julio de 1970, se produciría otro hecho conocido como Barilochazo, a raíz de una serie de hechos que comenzaron con la designación de Robespierre Panebianco como intendente de
Bariloche por el gobierno rionegrino de facto de Roberto Requeijo, y
continuaron con la adjudicación a la Fundación Bariloche99 hectáreas
en la Península Llao
Finalmente, en 1972
se desencadenaría otro conflicto
conocido como Rocazo, desatado a partir
de la creación de un nuevo
juzgado en la ciudad de Cipolletti,
desmembrándose la Segunda Circunscripciónla Gendarmería ocuparon
la ciudad y detuvieron al director del diario “Río Negro” y a otros 52 vecinos,
quienes fueron liberados poco después. Posteriormente, en ocasión de la campaña
para las elecciones de marzo de 1973, la llegada a Roca del General Requeijo, quien
se postulaba como gobernador por el Partido Provincial Rionegrino, provocó el
enfrentamiento abierto y violento de militantes de diferentes agrupaciones políticas, que finalizaron con un muerto y la
huída de Requeijo.*
En
1969, la huelga llevada adelante por obreros de las obras de El Chocón es una
de las primeras de una serie de manifestaciones obreras y de productores
valletanos, al igual que la menos difundida –en la esfera local y nacional
protesta y huelga de los trabajadores de la empresa INDUPA –industria química.
También, los gobiernos locales nombrados por el onganiato (1966-1969) para
administrar la provincia son jaqueados por protestas sociales difíciles de
contener, tales como la revuelta popular en Cipolletti (1969), la
“insurrección” en Bariloche (1970) y la resistencia sociopolítica en Roca
(1972). En el primer caso, los motivos que “consiguen” llevar a la gente a la
calle son: el trazado de una ruta que uniría a Roca con El Chocón para seguir a
Bariloche sin pasar por Cipolletti y la decisión del gobierno provincial de
obligar al intendente de la comuna a renunciar. Los distintos sectores sociales
realizan asambleas, se cierran los comercios y se organizan movilizaciones. Por
otra parte, los continuos cambios y el origen de los intendentes nombrados para
Bariloche explicitan una “militarización del cargo” (Núñez, 2003: 117). En el
último acontecimiento mencionado –Rocazo, la resolución del gobierno de crear
un nuevo juzgado, desmembrando así la Segunda Circunscripción
Judicial, es la chispa que enciende la revuelta popular. El conflicto está
liderado por fracciones burguesas –productores, comerciantes, estudiantes con cierta relación con sectores monopólicos
nacionales o extranjeros, vinculados entre sí, y por abogados –con incidencia
en el Superior Tribunal de Justicia; estos actúan como intelectuales orgánicos
con una clientela de sectores medios. En estas puebladas, la ciudadanía cierra
filas al interior de las ciudades de manera corporativa y el enemigo es una
entidad externa –otra ciudad, el gobernador, el gobierno nacional que afecta
sus intereses económico-corporativos (Balbé, 1989: 12).
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